Obreros trabajando en la calle

Los inicios de este fenómeno se pueden enmarcar desde el movimiento ludista, que a principios del siglo XIX utilizaban la destrucción de las máquinas industriales como principal estrategia de protesta, hasta el movimiento cartista, que poseía un movimiento más político y que tenía como principal objetivo conseguir que el sufragio llegase a la clase obrera. En este sentido, hay que destacar el movimiento oweniano, desarrollado en la década de los años 20 del siglo XIX y que supone los primeros pasos del sindicalismo obrero tal y como hoy lo conocemos.

A la vez que en el siglo XIX surgieron nuevos grupos sociales, también se hicieron evidentes nuevos conflictos. Para solucionar dichos conflictos, el Estado entendió que era necesario llegar a un acuerdo entre ambas partes (obreros y empresarios) para que el desarrollo económico de las naciones no se viera afectado por los enfrentamientos surgidos en el interior de las fábricas. Se puede decir que se apostó por la vía de la conciliación y el acuerdo antes de ceder ante la revolución obrera. Así fue como se institucionalizaron los sindicatos y tomaron las riendas del movimiento obrero, utilizando la vía de la negociación como único camino para el progreso social.

Así, parece ser que el acuerdo entre los trabajadores y los empresarios es fundamental para que la economía de un país siga avanzando. Evidentemente, los acuerdos a los que se llegan nunca suelen gustar a todos por igual, pero en el consenso está la virtud. En este sentido, hay que apuntar que no todas las reformas laborales han sido consensuadas y en muchas ocasiones se ha impuesto desde el sector que posee el capital hacia el sector que representa la mano de obra. Entre los temas más frecuentes que se tratan están los salarios, la relación de éstos con la productividad, los horarios, los derechos laborales de los trabajadores o los beneficios empresariales por el contrato de trabajadores.

Foto: daquellamanera

En una reciente entrevista publicada en El País, Tajani aseguraba que el trabajo de las agencias ‘no responden a criterios de transparencia, y han cometido numerosos errores”. El político italiano tacha de ‘chantajistas’ a dichas instituciones, acusándolas de favorecer al dólar frente al euro, e insta a las instituciones europeas a realizar un ‘profundo cambio de orientación’ que permita sentar las bases de una agencia de calificación comunitaria.

Sede del Banco Central Europeo

Preguntado por la percepción de Europa por parte de los ciudadanos comunitarios, Tajani aducía que ‘no es cieerto que Bruselas haya dejado de lado el empleo para centrarse en la deuda’, pero reconocía que las instituciones comunitarias debían acometer un enorme esfuerzo en aras de explicar de la manera más instructiva posible la política económica y las prioridades de la Europa Comunitaria.

Sea como fuere, la famosa agencia de calificación europea parece ser uno de los temas más recurrentes en el difícil cuello de botella que se ha convertido la negociación multilateral entre países de la zona euro. La idea estaba sobre la mesa en el último paquete de negociación de la quita de la deuda griega, aunque todavía falta decidir su funcionamiento y los mecanismos de decisión. Al igual que la ampliación del Fondo de Rescate, fue uno de los caballos de batalla de Francia durante las negociaciones, junto con la implicación del sector privado en el pago de la deuda griega, y se convirtió en uno de los huesos más pesados par Alemania, beneficiada indirectamente con cada ataque a la deuda soberana de los países del Euro.

Lo que sucederá es difícil de predecir, a tenor de los atropellados acontecimientos que tienen lugar cada día en el seno de la Unión. Sin embargo, la refundación de los Tratados, la piedra angular de las nuevas negociaciones, podría dar lugar a una oportunidad sine qua non para la creación de mecanismos de blindaje, como la Agencia de Calificación Europea, y herramientas de financiación, como la tasa a las transacciones financieras, que, por cierto, ya empieza a sonar también en la campaña francesa.

Foto Magadan en Wikimedia Commons

Ha llovido mucho desde el último plan de rescate a Grecia dictado por la Unión Europea, y todo parece indicar que la solución a la deuda helena se ha estancado en vía muerta, sobre todo después de los enésimos envites de la crisis de la deuda soberana. Sin embargo, parece ser que incluso en el sosiego del impago ve oportunidades de negocio en el impago.

Edificio principal del Banco de Grecia

El plan de rescate a Grecia contempla que la banca renuncie a cobrar el 50 por ciento del dinero prestado. ¿Una mala noticia para el sector financiero? Depende de cómo se mire. Fondos de inversión de alto riesgo localizados en Nueva York y Londres están intentando sacar partido a través de la compra de unos bonos muy devaluados, de los cuales se pagan rentabilidades de hasta el 200 por ciento, debido a la gran probabilidad de impago. Los organismos contratan seguros de impago, conocidos como credit default swaps, o CDS sobre los que pretenden cobrar el importe invertido más intereses.

Para poder perpetrar su trama, los fondos especulativos planean negarse a acaptar la quita voluntaria que exige el plan de rescate (la voluntariedad no les permitiría cobrar el seguro), de esta forma, o bien conservarían el derecho a cobrar la deuda o bien podrían recurir a los CDS en caso de impago forzado.

La compra de deuda con la intención de cobrar el seguro es la nueva inventiva de los fondos de alto riesgo para lucrarse de la desgracia ajena, aunque no la única. Son sobradamente conocidas las denominadas ‘apuestas bajistas’, por las que incluso un accionista particular, no necesariamente adscrito a un fondo de inversión, puede ejecutar una opción de compra futura de deuda pública en el mercado secundario y ‘apostar’ a la baja para recomprarla más barata en el mercado secundario, una práctica abusiva que ha obligado a las instituciones eruopeas a tomar cartas en el asunto, aunque está claro que el buitre de la especulación sigue acechando el mercado de deuda.

Foto: Александр Мотинen Wikimedia Commons

Alberto Fabra, presidente de la Generalitat Valenciana, en el centro de la imagen

La falta de liquidez, tal y como pudo verse en la polémica con el Deutsche Bank, está pasando factura a la Generalitat Valenciana. Y es que la agencia de calificación Moody’s ha vuelto a hacer de las suyas y ha rebajado la nota de la deuda valenciana dos puestos. No son buenas noticias, ya que esto supone una mayor dificultad para colocar bonos públicos que permitan financiar los gastos de las instituciones valencianas. Sin embargo, a los valencianos esto no les coge por sorpresa, pues no es la primera vez que le ocurre algo semejante a esta Comunidad Autónoma. Recordemos que el pasado mes de diciembre, la misma agencia de calificación había colocado la deuda valenciana al nivel del bono basura. Los gastos desmesurados que la Generalitat lleva realizando en los últimos años han generado una falsa sensación de que todo es posible. Y la verdad es que no lo es. Así, los responsables de la situación han de buscar la manera de contener el despilfarro al que se han malacostumbrado (el aeropuerto de Castellón es un buen ejemplo de este despilfarro). Los grandes eventos deportivos de los que se han pavoneado los políticos valencianos pueden ser (o más bien, han de ser) los primeros en caer.

No obstante, la Comunidad Valenciana no es la única institución pública controlada de cerca por Moody’s. La agencia de calificación no pasa por alto la situación de otras regiones como el País Vasco, el Consorcio de Transportes de Vizcaya, las Diputaciones Forales de Guipúzcoa y Vizcaya, y las comunidades autónomas de Galicia, Madrid, Extremadura, Andalucía, Castilla y León, Murcia, Cataluña y Castilla-La Mancha, a las que también ha amenazado de una rebaja en la nota de su deuda. En definitiva, existe muy poca confianza en cumplir la reducción del déficit fiscal propuesta por las comunidades autónomas.

Foto: popularesvalencianos

En el caso de los planes de pensiones la restricción es clara. Quienes contrataron este producto en 2011optaron por una versión restrictiva, esto es, por planes garantizados, los cuales aseguran la totalidad del capital invertido y van asociados a un tipo de interés fijo o variable, o bien traspasar su patrimonio a planes de renta fija, los cuales se subdividen en inversiones en bonos o valores de esta naturaleza. Tal y como explica Inverco, el 60% de los partícipes de los planes de pensiones son hombres y el 40% restante son mujeres. Asimismo, en España la edad media se encuentra entre los 40 y los 60 años. En lo que respecta a la cuantía, el 85% de los partícipes realiza una media de aportaciones anuales menor a 10.000 euros.

Techo del edificio de la bolsa de Madrid

La rentabilidad ha sido sacrificada a favor de la seguridad en todos estos casos, y es que, según datos de Iverco, los aspectos que más valoran los contratantes de planes de pensiones son la fiscalidad, la seguridad y la transparencia, antes que la rentabilidad y la liquidez.

Los planes de pensiones pasarán a un primer plano a raíz del anuncio gubernamental de modificar su fiscalidad. Además, crece la preocupación por la seguridad en la jubilación, a tenor del aumento del período total de cotización y la consecuente pérdida de poder adquisitivo de los cotizantes. Por este motivo, aunque el índice de penetración de los planes de pensiones es menor en España que en otros países de la Unión Europea, se espera que cada vez más españoles opten por este tipo de producto, aunque cabe recordar que no se trata de una opción de ahorro, sino de inversión.

Foto: Alavisanen Wikimedia Commons

El Tesoro público vende más de lo que esperaba

En momentos de crisis como el que vivimos, esta solución es un buen camino para hacer frente a las cuantiosas deudas que posee una nación. El caso de España en este curso 2011 ha sido bastante revelador. Actualmente, nos encontramos entre las últimas subastas que el Tesoro ofrece de deuda pública. La sesión que se cerró el día 13 de diciembre parece haber tenido bastante éxito. Y es que mientras las previsiones calculaban que se venderían 4.250 millones de euros en deuda pública, la cifra ha alcanzado los 4.900 millones. Esto ha sido posible debido a que los inversores no han sido muy exigentes con la rentabilidad de la deuda española. Se puede decir que saben donde se meten y la dificultad que tiene España para liquidar sus deudas. Aún así, la oferta era más que atractiva y ahora el Estado puede disponer de una interesante cantidad de dinero para hacer frente a todos los gastos previstos.

¿Cómo se puede leer esta noticia? Pues, principalmente, desde un punto de vista optimista. Y es que, tras esquivar un rescate por parte de la Unión Europea, España se ha situado en un terreno menos fangoso del que le acercaba a los 500 puntos básicos en cuanto a la prima de riesgo. El mercado está convulso, sí, pero la economía española está solventando las primeras batallas para su recuperación con bastante éxito. Buena prueba de ello ha sido la subasta que venimos comentando en este artículo y que, seguro, será un buen punto de partida para las dos que quedan hasta final de año.

Foto: Tomas Fano

Y el ciudadano de a pié se pregunta, ¿qué ha pasado? Pasa que de repente los bancos centrales, emisores de deuda y liquidez, caen en la cuenta que lo que hacía falta era abrir el grifo, con lo que han acordado tirar de la cuerda a través de un mecanismo llamado swap, consistente en un préstamo materializado en el intercambio de activos, más que en la deuda de intereses. Así, los bancos centrales de ambos lados del Atlántico intercambian divisas a precio tasado, lo cual les sirve para inyectar liquidez en moneda extranjera. Además, han decidido de manera coordinada reducir el tipo de interés de las operaciones de intercambio de liquidez en dólares, con lo que los préstamos se han abaratado.

Sede de la FED en San Francisco

La medida ha caído como agua de mayo en los mercados, que han empezado a abandonar la retahíla de números rojos que cosechaban desde hace más de un mes, y la prima de riesgo ha experimentado un descenso moderado, inyectando algo de aire con el que han podido respirar holgadamente los países periféricos, entre ellos España e Italia. El efecto contagio se ha visto reflejado a uno y otro lado del charco, donde los indicadores de volumen de negociado han recuperado el fuelle.

Sin embargo, nada hace pensar que la situación vaya a perpetuarse a corto y medio plazo. Por lo pronto, los bancos han visto aliviada su situación de ahogo financiero, ocasión que han aprovechado para apagar los fuegos de sus cuentas de resultados, especialmente las entidades españolas, que rezuman a ladrillo por todas partes. Pero esto no servirá para abrir el grifo del crédito, al menos no hasta que los bancos no saneen sus activos, y eso significa más dinero, sea del estado o del Banco Central Europeo, y menos apalancamiento financiero, algo hasta ahora harto probable, teniendo en cuenta las elevadas tasas de endeudamiento privado y morosidad que acarrean las entidades financieras. Así es que a mirar al BCE, y a esperar a que llueva, y es que siempre nos quedará Draghi.

Foto: BrokenSphere en Wikimedia Commons

Lo que entendemos como prima de riesgo, también llamado ‘diferencial de deuda’, es en realidad el sobreprecio que paga un país para financiarse en los mercados basándose en el mismo precio de otro país. Cuanto mayor es el riesgo, más alto será el tipo de interés que deberá devolver ante un inversor interesado en comprar deuda pública de dicho país. Se podría decir que la prima de riesgo mide la ‘rentabilidad’ obtenida por el acreedor por la compra de deuda pública de la entidad emisora.

Sede del Banco Central Europeo

Dicho de otro modo, se podría decir que la prima de riesgo es el dinero necesario para que los compradores de deuda pública dejen de valorar el riesgo de la misma como un obstáculo que imposibilite su compra. De esta manera, cuanto mayor es el déficit o menor el crecimiento de un país, más reticentes serán los acreedores a comprar deuda pública, pues pensarán que con ello disminuye la probabilidad de que esta sea devuelta. Por consiguiente, mayor serán la prima de riesgo y el interés a pagar.

Pero ¿cómo se mide la prima de riesgo? En primer lugar, los gobiernos de cada país emiten deuda en función de la demanda. Los principales compradores son los llamados ‘inversores institucionales’, esto es, bancos y grandes fondos de inversión, que mueven miles de millones de euros pulsando una tecla. El interés fijado dependerá de la demanda (a más demanda menos interés) y del plazo de devolución (a mayor plazo, más interés, como ocurre por ejemplo con la compra de un depósito bancario por un particular.)

Sin embargo, la denominada prima de riesgo se fija a raíz de la comercialización de dicha deuda en el mercado secundario, donde las instituciones compradoras intentan obtener beneficio de sus títulos vendiéndolos al mejor postor. En Europa, se toma como referencia el bono alemán, considerado valor refugio por su seguridad, y se calcula la prima en relación al diferencial con la rentabilidad de dicho bono. De este modo, si el bono alemán se vende en el mercado secundario a una rentabilidad del 2,4 por ciento para deuda a 10 años, mientras que para el español se piden rentabilidades de 6 euros, el diferencial será de 3,6, con lo  que la prima de riesgo será de 360 puntos básicos. O lo que es lo mismo, por cada 1000 millones invertidos, Alemania deberá devolver 36 millones, mientras que España deberá abonar 60, casi el doble. A más deuda, menor crecimiento, a menor crecimiento, mayor prima, a mayor prima más interés, a mayor interés mayor deuda… y vuelta a empezar. La jugosa rentabilidad de hundir un país.

Foto: DaveOinSF, en Wikimedia Commons

Cualquiera diría que ACS se ha dejado en algo más de 15 días cerca de un 20 por ciento, lo que ha llevado su cotización bajo mínimos, rozando los 24 euros por acción. En el último año la constructora ha descendido un 30 por ciento, y la crisis del sector parece no dar tregua, por lo que se supone que ACS tendrá que hacer frente a acciones de desinversión para resarcirse del envite. Sin embargo, la compañía podría cerrar el presente ejercicio con más de 8.000 millones en créditos refinanciados, prácticamente el total de la deuda neta de la multinacional.

Florentino Pérez, presidente de ACS

El director general corporativo de la compañía, Ángel García Altozano, declaraba en rueda de prensa la negociación con la banca acreedora del aplazamiento de dos préstamos por valor de 2.400 millones  y la refinanciación de otros 6.000 millones en cuatro vencimientos ya diferidos en los últimos meses. ACS conseguía además aplazar hasta julio de 2015 un total de 602 millones de euros.

Una vez vencidos los créditos en 2012, a ACS le quedarían obligaciones con sus bancos acreedores por 300 millones en el año 2013. ACS cuenta con activos vendidos que arrastran una deuda desconsolidada por 3.747 millones de euros, entre los que destaca la filial de servicios Clece, pendiente de que Permira y Mercapital obtengan la financiación, distintas plantas de energías renovables, la autopista estadounidense I-595 o las chilenas Vespucio Norte y San Cristóbal.

El desglose de la deuda de ACS corresponde a 9.698 millones de euda neta, de los cuales 7.098 millones están firmados sin recurso, La compañía no ha desvelado el interés ni las condiciones exigidas por las entidades financieras ni las cláusulas que deberá hacer frente para refinanciar esos 8.000 millones de euros. Un dato: la misma semana el gobierno español debía hacer frente a 4.000 millones a un interés desorbitado del 6 por ciento.

Foto: FDV, en Wikimedia Commons

Sin duda, la crisis actual va ser recordada por un cambio completo en los estereotipos y las doctrinas económicas, por lo que es difícil encontrar una situación parecida a la griega. La realidad es que el país heleno no tiene demasiadas opciones, o bien se ajusta al acuerdo de la UE consistente en la quita del 50 por ciento de su deuda a cambio de duros ajustes, o cede a la presión social y opta por una quiebra desordenada que acabe forzando la salida del euro. Cualquiera de los caminos va a ser un auténtico via crucis, y tendrá efecto sí o sí en el devenir de las economías de la zona euro.

El presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, con Papandreu

Ante dicha situación, la Unión Europea alerta sobre los peligros de salir del euro. Es evidente que la suspensión de pagos sería la peor de las decisiones para Europa, como vienen apuntando desde hace meses países como Alemania o Francia: rompería el tabú de la salida del euro, con su correspondiente peligro de contagio, y reduciría la credibilidad de Europa para con los mercados, al tiempo que aumentaría el riesgo de fuga de capitales y aumentaría las dificultades para la banca del Viejo Contiente.

Sin embargo, los reacios a la salida del euro también argumentan que los beneficios a corto plazo derivados de la devaluación serían muy poco duraderos, y que el país heleno se vería sumido en un grave problema de competitividad que podría condenarlo a una depresión absoluta. El gobierno griego, sin liquidez ni posibilidades de financiación, se vería aislado de la región. Los fondos de ayuda a la agricultura, por ejemplo, se suspenderían, y Grecia tendría que pagar más aranceles a la exportación de sus productos. Además, las empresas griegas se verían ahogadas por la falta de demanda, con lo que el desempleo se acrecentaría todavía más.

Aun así, no pocos analistas auguran la suspensión de pagos como la mejor de las soluciones, citando como ejemplo el caso argentino. Aun salvando las distancias (y es que Argentina albergaba una deuda sobre el PIB de un 50 por ciento, mientras que Grecia deberá asumir el 143 de su producto interior), los datos son claros. El país sudamericano ha crecido un 94 por ciento desde 2002, y actualmente crece lo hace en torno al 8 por ciento anual. Precisamente parte de la clave del éxito fue la depreciación de la moneda. Si bien es cierto que las distancias son insalvables, no lo es menos que a largo plazo las ventajas pueden ser mayores. Todo es cuestión de elegir la mejor manera de morir.

Foto: Γιώργος Α. Παπανδρέου Πρωθυπουργός της Ελλάδας, en Wikimedia Commons